Derecho al pecado
Carlos Elizondo Mayer - Serra
La opinión ciudadana en relación al aborto es paradójica. Mientras que el 66 por ciento de la población cree que el aborto es un pecado grave, el 60 por ciento cree que toda mujer debe tener derecho a poder hacerse un aborto con atención médica adecuada. Esto se desprende de una encuesta de BGC. En otras palabras, una importante proporción del electorado, que cree en lo correcto de ambas posturas, defiende el derecho al pecado.
Pareciera que en México tenemos un concepto del pecado laxo, más propio del catolicismo que permite resolver la comisión de un pecado a través de la confesión, que de las religiones protestantes donde el pecado grave te lleva al infierno sin que haya salidas de emergencia fáciles. Esa laxitud relativa ayuda a entender el que, siendo mayoritariamente católicos, seamos tan propensos a violar todo tipo de ley, aun en contra de los principios básicos del catolicismo.
Pero la contradicción entre los principios civiles y los religiosos es común en una sociedad en proceso de modernización, independientemente de qué religión se trate, dado que coexisten diversas visiones del mundo. También da cuenta de lo complicado que son, desde el punto de vista político, el aborto y otros temas similares, donde entran en contradicción valores religiosos con valores seculares.
Paradójicamente, el régimen revolucionario y anticlerical del PRI nunca le entró a estos complejos temas. Tuvo que llegar un secretario de Salud de un gobierno del PAN para permitir dentro del cuadro básico la llamada píldora del día después, la cual existe en otros países desde hace décadas.
Esta tardía introducción al debate político de temas vetados por la Iglesia Católica no es sólo resultado de las contradicciones permanentes del PRI durante sus gobiernos, sino también de la adopción por la sociedad de valores más liberales durante la última década, producto probablemente de la mayor apertura económica y política. En 1995 sólo el 44 por ciento de la población estaba de acuerdo, o parcialmente de acuerdo, con el uso del preservativo, ahora es el 94 por ciento. En 1995 sólo el 46 por ciento estaba de acuerdo, o en parte de acuerdo, con difundir programas masivos de educación sexual a partir de los 12 años de edad y 41 por ciento en el uso de métodos anticonceptivos no naturales, contra el 78 y 75 por ciento, respectivamente, ahora.
El aborto puede ser el gran divisor de la política aun en sociedades más modernas. Así lo es en Estados Unidos donde ser pro vida o pro libertad de decidir, marca para siempre la carrera de un político.
En México, sin embargo, el debate tiene un trasfondo distinto. Se trata de una suerte de debate ficción. Estamos discutiendo la legalización de un hecho que se da todos los días con altos costos de salud y hasta de vida de cientos de miles de mujeres, sin que este hecho parezca alarmar a quienes se oponen a la legalización.
Lo anterior probablemente explica que no haya mucha disposición a movilizarse para oponerse a una reforma que lo legalice. No es trivial que el 65 por ciento de los capitalinos están en contra de la movilización que condena la despenalización, y el 72 por ciento que la Iglesia se pronuncie en contra de esta propuesta de reforma legal.
No es previsible por ello que la legalización del aborto sea tan divisiva como en Estados Unidos. En ese país el pleito es por un hecho: el que haya o no abortos. No por una ilusión, la legalidad o no del mismo. Por ello la batalla se da hasta en las clínicas donde se practican abortos legales, donde los más fundamentalistas buscan evitarlos, llegando a agredir y hasta matar a médicos que ahí laboran. En México la legalidad no va a llevar a que haya abortos, ni siquiera es previsible que aumenten de forma importante, lo que sí es previsible es que disminuyan las muertes de madres y el daño a su futura reproducción.
Qué tan divisivo resulte el tema dependerá también de si se queda a nivel local o se lleva al federal como lo están buscando ya algunos legisladores. En el primer caso, la polarización será menor dado que en la Ciudad de México hay un elector claramente más liberal, el 48 por ciento cree que es pecado grave y 77 por ciento que es un derecho que debe tener toda mujer, aunque aún en el Distrito Federal se concibe como un derecho limitado. Sólo el 31 por ciento está de acuerdo, o parcialmente de acuerdo, en el aborto cuando no está en los planes de la mujer tener hijos y 46 cuando falló el método anticonceptivo y la madre es de escasos recursos. La ley que se discute en la Asamblea Legislativa va más allá de estas preferencias.
Si el tema del aborto se eleva al ámbito federal, puede terminar por contaminar el resto de la agenda legislativa. Esto es un atractivo fuerte para el PRD y para ciertos sectores del PRI. Tampoco al PAN le va a ser fácil evitar entrarle a ese pleito, tan caro a ciertos sectores del partido, más allá de la política de la Ciudad de México. Entendiendo lo sensible que puede ser este tema para muchos, sería un pecado usarlo como pretexto para paralizar nuestro de por sí empantanado Congreso de la Unión.
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