Miguel Ángel Granados Chapa
Es mentiroso que la despenalización del aborto fomente la cultura contra la vida, por el contrario, la medida busca proteger a las mujeres que toman esa decisión extrema para que lo hagan en condiciones de seguridad
El presidente de la conferencia episcopal mexicana, y obispo de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, se permitió asistir en febrero a la inauguración de la sede en México de la Organización Internacional Demócrata Cristiana, encabezada por Manuel Espino, el líder del PAN. Fue un crudo acto de partidarismo político, incompatible con su condición de dirigente religioso. Se comprende, a partir de esa toma de posición, que elogie al presidente Felipe Calderón por haber expresado su opinión en torno del aborto:
"Lo felicité por su postura valiente de plantear sus propias convicciones", dijo. Pero a la Iglesia católica no le parecen dignos de una felicitación semejante, puesto que manifiestan también sus convicciones, los políticos, representantes, gobernantes que piensan de modo diferente al del clero. El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México señaló que la iniciativa de despenalizar el aborto, muestra "el rostro autoritario y fascista del PRD". Y del jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que no opinó sobre el tema sino que se refirió simplemente a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe actuar en un ambiente libre de presiones, tal sistema episcopal dijo: "Si no es capaz de ser congruente con sus principios, por lo menos debería esperar prudentemente para que la sociedad se exprese".
Si tal prudencia es apreciable, ¿no debería haber hecho lo mismo Calderón: esperar a que la sociedad se exprese? En cambio recibió la felicitación del dirigente episcopal. El contraste de bendiciones y condenas forma parte de la campaña clerical contra la eventual despenalización del aborto, campaña que incluye mentiras gruesas en su equipaje ideológico.
No se puede imputar al PRD ser fascista por impulsar la reforma penal sobre el aborto porque los iniciadores de los proyectos respectivos no forman parte de sus bancadas. Los autores de las iniciativas son los diputados locales Jorge Carlos Díaz Cuervo, de Alternativa Socialdemócrata, y Armando Tonatiuh González, del PRI. Cierto es que, sin contar con la fracción perredista, sus propósitos no podrían prosperar pues las bancadas a las que pertenecen son minúsculas. Pero sería improductivo políticamente satanizar a esas formaciones políticas. Es fructuoso, en cambio, hacerlo con el PRD y oponer su presunta conducta a la del PAN y su más ilustre miembro, el presidente de la República.
Es mentira también que los promotores de la despenalización sean asesinos y partidarios de una cultura de la muerte, de atentados contra la vida. Por lo contrario, uno de los motivos que conducen a eliminar las sanciones contra el aborto es la defensa de la vida. No hay cifras ciertas, por la propia naturaleza del hecho, pero se sabe con claridad que cada año suman cientos de miles las mujeres que se someten a un aborto en la clandestinidad, y muchas de ellas mueren en el empeño. Esas vidas, evidentes y comprobables, pudieron ser salvadas si se hubiera legislado sobre el tema con anterioridad. Ni la Iglesia docente, que es tan cerrada en temas que no entiende porque no los vive, como los relacionados con la sexualidad y la familia, se opone al aborto terapéutico, es decir al que se practica para salvar la vida de la madre. En el conflicto de valores que en esos términos se plantea se elige una de las dos vidas que están en contienda. Sería inconsecuente, e injusto y aun perverso, tachar de asesina a la madre que salva su propia vida, principio elemental de todo humanismo.
Es mentiroso también que haya una campaña contra la familia, orquestada desde quién sabe qué oscuros cenáculos de un nefasto poder internacional. En México y en todo el mundo la legislación sobre el aborto ha evolucionado conforme se modifican las condiciones de la vida social, que están en cambio constante. La sociedad tiene su propia dinámica y en función de ella instituciones y conductas son mudables. La situación jurídica de la mujer, por ejemplo, disminuida al extremo de que no podía contraer obligaciones legales sin autorización del marido, ha evolucionado no a causa de las decisiones de una mente diabólica que pretende expulsarla de la santidad del hogar para lanzarla a los peligros del mundo, el demonio y la carne. El crecimiento de la conciencia universal sobre la igualdad del hombre y la mujer es el origen de su emancipación. Algo semejante ocurre con las decisiones sobre su propio ser, su alma y su cuerpo. No hay ya defensores, ni siquiera entre el clero más obcecado, de los matrimonios arreglados, es decir aquellos donde la voluntad de las partes no interviene. Si una mujer tiene derecho a resolver con quién compartir la vida, una consecuencia directa de su ejercicio es el surgimiento de otro derecho, el de decidir libre, informada y responsablemente sobre el número de sus hijos y la ocasión de concebirlos y parirlos. Y esa verdad no es de ahora, fruto de las maquinaciones diabólicas del PRD, sino de la evolución de la cultura occidental, que se halla inserta como garantía de las personas en la Constitución mexicana (artículo 4o.) desde hace cerca de un cuarto de siglo.
El aborto es una indeseable práctica presente en el mundo desde siempre. Nadie se proclama partidario de realizarlo porque es una desgracia, un desgarramiento (no necesariamente en sentido material). Ninguna mujer se somete a él por gusto, por disfrutar sus delicias. Si es posible escoger entre prevenir un embarazo y abortar, la elección no ofrece dificultad alguna. El problema aparece cuando el embarazo es una realidad y aparece una necesidad y una posibilidad de interrumpirlo. No es sensato ni justo que a quien padece tal interrupción se le fuerce a hacerlo al margen de la ley y enfrente el riesgo alternativo de morir o ir prisionera. Como frente a muchos temas morales, durante largo tiempo se prefería la simulación a la abierta exposición de los términos del problema. Muchachas pudientes salvaban su honra al paso que perdían la vida quienes no contaban con medios para ocultar lo que la insidiosa moral pública consideraba un deshonor.
La sola palabra era vitanda. Hace apenas 40 años no era de buena crianza hablar del aborto. En el Excélsior de aquellos años, suma de la moralidad social promedio, estaba prohibido utilizar el vocablo. No se imprimió nunca allí un libro de estilo, pero por tradición oral se sabía que era impropio utilizar la palabra. En vez de aborto había que escribir: interrupción prematura del embarazo. Y cuando se informaba sobre la actividad de médicos y comadronas sorprendidos en su práctica se utilizaba el vulgar eufemismo de llamarlos espantacigüeñas. Digamos, de paso, que la despenalización del aborto que ahora está en cuestión se basa en el derecho de la mujer para decidir su destino, pero no debe amparar a los varones irresponsables que exponen a la mujer que han preñado a abortar sin su voluntad ni a quien por razones de esa índole siguieran practicándolo en la clandestinidad.
Lo que propone la reforma que está por iniciarse en el Distrito Federal (y que carece de sentido en el ámbito federal, como se ha propuesto en el Senado, porque el delito al que se refiere es típicamente del fuero común) es modificar el patrón de causalidad que hasta ahora ha despenalizado al aborto. La modificación no incluye nuevas circunstancias excluyentes de responsabilidad sino que privilegia la libertad de las mujeres para que puedan interrumpir su preñez durante las primeras 14 semanas, lapso establecido en función de la evidencia científica respecto de la iniciación de la vida humana. Pero es ya antigua la decisión legislativa de no castigar el aborto cuando no es atribuible al dolo sino a la culpa y cuando está en riesgo la vida de la madre. Más recientemente, y hasta en 13 códigos penales se ha eliminado la sanción en el caso de que se adviertan malformaciones del niño (o feto o producto), cuando la salud de la madre puede ser afectada, o cuando el embarazo es resultado de una violación o de inseminación artificial no consentida. En Yucatán se autoriza el aborto a mujeres cuya posición socioeconómica haga imposible sustentar a un nuevo hijo, si tienen ya tres.
Mentira que la despenalización otorgue licencia para matar. Así lo sabe la sociedad. Una encuesta de Reforma encontró que 59 por ciento de la población capitalina apoya la eliminación del castigo.
