José Woldenberg
La necedad es uno de los peores males que pueden atacar a cualquiera. Y resulta peor cuando se trata de un gobernador. La necedad puede tener dos nutrientes: a) no ver lo que pasa alrededor, es decir, ser incapaz de valorar el contexto, y por ello seguir insistiendo, o b) seguir porfiando en una línea o en un argumento porque se presume que ceder puede resultar más costoso. En el primer caso estaríamos ante un fenómeno de enajenación (el sujeto no ve lo que los otros sí ven), mientras en el segundo el actor espera todavía un "extra" que pueda mejorar relativamente su situación. (Corte).
El 30 de octubre fue un día especial en el conflicto que sacude a Oaxaca. Ese día el Senado de la República acordó lo siguiente: "Se exhorta al C. Ulises Ruiz Ortiz, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, a que reconsidere separarse del cargo para contribuir al establecimiento de la gobernabilidad, el orden jurídico y la paz en dicha entidad federativa". Unas horas antes, la Cámara de Diputados había aprobado un exhorto casi en los mismos términos y en el cual se hablaba de "licencia o renuncia".
Los exhortos no podían ser más claros y coincidentes. No obstante, el gobernador, luego de expresar que "los problemas de Oaxaca los resuelven los oaxaqueños", informó que interpondría sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte contra las dos Cámaras, porque ninguna de ellas tiene facultades para solicitarle su renuncia.
Ya lo sabemos: los exhortos llegaron luego de que la Policía Federal Preventiva tuvo que desalojar del centro de la capital de Oaxaca a los militantes de la APPO y de que aún así la tensión en el estado era manifiesta.
En buen español y en términos políticos el llamado de ambas Cámaras federales dice algo así como lo siguiente: "Señor gobernador, dado que usted no ha podido solucionar un conflicto que a todos nos preocupa, dado que fue necesaria la presencia y la acción de fuerzas federales para recuperar el centro de Oaxaca, haga el favor de retirarse para permitir encontrar una solución viable".
Pero el gobernador, también en términos llanos aunque difíciles de entender, respondió algo como lo siguiente: "Oaxaca es un estado soberano; lo que incumbe a los oaxaqueños lo resolvemos nosotros sin intervención de nadie más, pero además el Congreso carece de facultades para obligarme a renunciar y por ello acudiré a la Corte".
Hace mucho no había visto una necedad y una insensibilidad de tal magnitud. En primerísimo lugar, el 31 de octubre era más que claro que los oaxaqueños no habían podido resolver el conflicto por sí mismos, y que tanto el Congreso local como el gobernador habían estado clamando por la entrada de las fuerzas federales. De tal suerte que en todo caso la soberanía estatal había sido erosionada desde mucho antes por las autoridades del propio estado. Pero además, pretender litigar el exhorto político del Congreso ante la Corte, como si su dimensión fuera legal o constitucional, resultaba de una ceguera monumental.
Porque las Cámaras del Congreso pueden tener o no facultades para realizar el exhorto -hasta donde entiendo los exhortos no tienen efectos vinculantes (obligatorios) y en ese sentido son como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no, pues no-, pero lo que le están diciendo al gobernador es que ayude a la República a desmontar un conflicto y una tensión que nadie se merece.
La reacción del gobernador recuerda a la del paciente moribundo que ante el diagnóstico del médico que le da unas cuantas horas de vida sólo es capaz de responder: "pero si usted ni siquiera tiene título universitario". Porque los exhortos de ambas Cámaras lo que anuncian al gobernador es que se ha convertido en un estorbo para la solución del enfrentamiento.
Si a ello le sumamos que ese mismo día la Secretaría de la Función Pública anunció una serie de auditorías a los recursos federales que ha ejercido el gobierno de Ulises Ruiz, y que el secretario de Gobernación dijo que la PFP permanecería en Oaxaca "sólo el tiempo indispensable... pues no está para apuntalar al gobernador" (Reforma, 31 de octubre), entonces cualquiera se podía dar cuenta de que el gobernador estaba ya más solo que Robinson Crusoe.
Retomando el párrafo inicial, es difícil pensar que el gobernador de Oaxaca no vea que sus bases de apoyo se han mermado considerablemente en los últimos días. Más bien su insistencia puede derivarse de las salidas que tiene expresamente contempladas la Constitución de Oaxaca: a) si la falta del gobernador es temporal por menos de 30 días, el secretario general de gobierno ocupa su despacho, b) si la falta es temporal por más de 30 días, es el Congreso por mayoría absoluta quien nombra a un gobernador interino a propuesta de una terna que presenta el propio Ejecutivo, c) si la falta es absoluta y sucede durante los primeros tres años de gobierno, el Congreso por mayoría calificada de dos terceras partes de los votos nombra un gobernador interino que debe convocar a nuevas elecciones en un periodo no mayor de seis meses (ese gobernador completa el periodo), o d) si la falta es absoluta y se produce en los tres últimos años de gobierno, el Congreso por mayoría calificada nombra a un gobernador que acaba el periodo.
Ulises Ruiz está por cumplir apenas dos años en el cargo. De tal suerte que la fórmula "d" resulta, por ahora, demasiado lejana. No obstante, una combinación sucesiva de "a" o "b" (licencia) con "c" o "d" (renuncia) podría construir una puerta de salida eficiente.
(Esta nota debe ser leída sólo como un comentario a un episodio del más que complejo conflicto que se vive en Oaxaca y que tiene muchas más aristas).
Publicado en Reforma el 2 de noviembre.
